¿Qué son los Principios de Derechos Humanos en la Política Fiscal?

Cuando las personas reclamamos poder ser vacunadas en contra del COVID-19, mejorar la infraestructura de servicios públicos en nuestras comunidades, atender la crisis ambiental, tener pensiones adecuadas, combatir la violencia machista u otras necesidades para vivir dignamente, usualmente nos encontramos con el argumento de gobiernos y especialistas quienes afirman que los Estados no tienen recursos para atender estas problemáticas o no pueden invertirlos sin sacrificar valores como la sostenibilidad fiscal. Así, las políticas fiscales terminan siendo decididas en ámbitos cerrados y poco receptivos a las necesidades de la población.

Siete organizaciones de América Latina convocamos a otros actores de la sociedad civil para alzar nuestra voz y mostrar, con evidencia sólida, que los Estados pueden y deben movilizar más recursos para la garantía de nuestros derechos. ¿Cómo lograrlo? Construyendo políticas fiscales más justas, que se fundamenten en las obligaciones de derechos humanos a las que se han comprometido los Estados mediante instrumentos internacionales, y que otros actores como las empresas y los organismos internacionales también deben respetar.

Los 15 Principios de Derechos Humanos en la Política Fiscal, construidos por un Comité de Expertos y Expertas a través de un diálogo regional más amplio, dan herramientas a los Estados y otros actores para conocer sus obligaciones, a los organismos de control para realizar su labor de monitoreo y a la ciudadanía para demandar mejores políticas. Aspiramos a que los Estados cumplan con sus compromisos, las empresas y las personas aporten de forma más justa de acuerdo a su capacidad de pago, y a que la ciudadanía exija políticas fiscales acordes con sus necesidades y aspiraciones.